Vol. 3 Nº 1, febrero - abril 2004, ISSN 1690-0723




Las bibliotecas nacionales y las políticas públicas en el área de información, será el tema objeto de nuestra atención. Las bibliotecas nacionales iberoamericanas, al igual que las del resto del mundo, tienen el carácter de organismos públicos, financiados básicamente con aportes gubernamentales. En tal sentido, su funcionamiento, actualización tecnológica y desarrollo dependerá, en buena medida, del monto de los recursos que les sean asignados por el Estado. Estamos claros que los recursos asignados a los organismos públicos rara vez se corresponden con sus necesidades, situación que se hace aun más crítica para las bibliotecas y, en particular, las nacionales, pues, tradicionalmente, no suelen ser consideradas como servicios prioritarios. El caso particular de las bibliotecas nacionales iberoamericanas, desde la perspectiva de los recursos presupuestarios disponibles, podríamos resumirlo así: De un universo de 12 bibliotecas encuestadas en el 2001, 9 (75%) dedicaban más del 85% de sus asignaciones presupuestarias a gastos de funcionamiento y menos del 6% a la adquisición de materiales para sus colecciones. Adicionalmente, en muy pocos casos, se incorporan materiales digitales a las colecciones del total de los servicios. Aun sin tener en cuenta la existencia de un importante grado de atraso en la disponibilidad y aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicaciones /TICs), los indicadores arriba mencionados apuntarían hacia la existencia de graves déficits presupuestarios.

Qué hacer para responder a estas carencias. Ante todo, habría que hacer un esfuerzo para mejorar o establecer adecuados sistemas de planificación o programación, que les permitan definir prioridades y optimizar el uso de los escasos recursos disponibles; sin embargo, tales acciones no serían suficientes, pues sólo se lograría un mejor uso de recursos que seguirían siendo escasos. A nuestro modo de ver, adicionalmente, valdría la pena examinar la posibilidad de lograr la aprobación y aplicación de políticas públicas que respondan a la necesidad de asegurarle a las bibliotecas nacionales, en cada uno de los países, recursos suficientes para financiar su buen funcionamiento, la tecnificación de sus servicios y el enriquecimiento y desarrollo de sus colecciones.

Comencemos con precisar que las políticas públicas son: decisiones válidamente adoptadas por organismos públicos (nacionales, estadales o locales) en respuesta a situaciones o problemas relevantes, que afecten seriamente a la población u organismos de su jurisdicción. De este concepto se desprende que la condición imprescindible para que se apruebe una política pública es la existencia de un problema realmente importante, no cualquier problema, susceptible de ser solucionado.

En nuestro caso, cabría preguntarse: En el contexto de nuestros países, donde existen críticos problemas sociales y económicos, ¿constituye un problema grave la existencia de bibliotecas nacionales mal dotadas y con serias limitaciones de funcionamiento? Tal vez, a simple vista, la respuesta lógica sería ¡NO ! , lo cual nos llevaría a desistir de nuestro intento o a presentar el caso de una manera tal que despierte verdadero interés o conmocione a quienes tienen el poder y autoridad para aprobar políticas públicas, que incluyan, por supuesto, los recursos necesarios para su implementación. Si optamos por esta segunda alternativa, aun faltarían por cumplirse otros pasos de particular importancia: Qué hacer para solucionar el problema o, en otras palabras, definir un objetivo en el que se concrete este “qué hacer”.

Culminados los pasos anteriores, entraríamos a formular la política, concebida como “conjunto coherente de actividades que debidamente ejecutadas posibiliten el logro de uno o varios objetivos”, la cual deberá ser de alta eficacia y con buenas posibilidades de ser viable; teniendo una política bien formulada habría que definir y poner en práctica una estrategia de apoyo dicha política, dirigida a identificar aliados y oponentes potenciales y a asegurar su aprobación por los correspondientes niveles de autoridad y toma de decisiones, en nuestro caso: congresos nacionales, presidentes de la república en consejos de ministros o ministros; sí lográramos la debida aprobación de la política, ya sería un gran logro, pero aun faltaría la concreción de la misma mediante su implementación, seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos.

Este proceso, de formulación y aplicación de políticas públicas, en extremo simplificado, pero que nos permitimos considerar como ineludible, habría que asumirlo, en cada uno de los países de la región, como un reto posible y necesario. De otra manera, difícilmente, obtendremos recursos que se correspondan con la importancia de las funciones de las bibliotecas nacionales, en el contexto de la sociedad del conocimiento y la información.

 

Fuente: ABINIA / Secretaría Ejecutiva

 

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