Vol. 8 Nº 3 y 4, julio - diciembre 2009, ISSN 1690-0723
 
 
Porqué y para qué las leyes de bibliotecas nacionales
   
Porqué y para qué las leyes de bibliotecas nacionales. Este tema viene al caso porque en el Plan Cuatrienal 2009/2212 de ABINIA, aprobado en la XIX Asamblea General, realizada en Caracas el pasado mes de diciembre (2008), dentro de las áreas estratégicas de desarrollo del mismo, se incluye como primera el Impulso a la Aprobación de un Marco Legal Apropiado para las Bibliotecas Nacionales de la Región.” Pues bien, en este plan se señala expresamente lo siguiente: “La base legal de las bibliotecas nacionales de la región continúa siendo muy variada y disímil. Son pocos los casos en los que, mediante una ley específica, se les otorgue autonomía de funcionamiento y se les definan los objetivos, atribuciones y relaciones con el Estado; la falta de una base legal, en la que estén claramente fundamentados estos conceptos claves, incide negativamente en el cumplimiento de sus responsabilidades como depositarias de las memorias documentales de sus respectivos países y entes promotores de la cooperación y desarrollo de los servicios bibliotecarios”. Como respuesta a esta situación, se plantea el siguiente objetivo:Lograr la aprobación de leyes nacionales en las que se les reconozca, expresamente, a las bibliotecas nacionales la autonomía y atribuciones requeridas para el cabal cumplimiento de sus funciones.” Esta área prioritaria de atención, para el período señalado se corresponde asimismo con lo que, previamente, se indica el PREAMBULO de dicho plan dentro del punto identificado como: “ Visión Compartida de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica para el 2.012”, en el cual se destaca que se aspiraría llegar a tener bibliotecas nacionales, “con una base legal sólida que les asegure estabilidad institucional, autonomía de gestión y recursos presupuestarios suficientes para el normal cumplimiento de sus funciones, modernización y desarrollo futuro(subrayado nuestro) . De este último punto nos interesa destacar lo subrayado, aspecto al que nos referiremos a continuación.

En el marco de la 75 Asamblea General de IFLA, celebrada en Milán el pasado mes de octubre, tuvo lugar la conferencia Mundial de Directores de Bibliotecas Nacionales, en la cual se le dio especial importancia al tema de las bibliotecas nacionales ante la crisis financiera mundial. Al respecto, se constituyeron grupos de trabajo que, después de deliberar sobre el tema, presentaron sus recomendaciones a la asamblea de participantes. Entre las diversas recomendaciones se incluyó la de: “asegurar una sustancial inversión por parte del estado”. (to secure a substantial investment from the state). A simple vista, esta recomendación pareciera sensata, porque el Estado es, en general, el principal financista de las bibliotecas nacionales y, aun, ante la grave crisis financiera mundial, se esperaría que le mantuviera, cuando menos, sus aportes a los servicios responsables de la preservación y acceso a la memoria documental de sus respectivos países. De lo contario, habría el peligro cierto de ocasionarle daños irreparables a sus colecciones y, tal vez, hasta la pérdida de materiales invalorables e insustituibles. Pero, lamentablemente, la realidad es otra: las bibliotecas nacionales tendrán que asumir, al igual que otros servicios, las consecuencias de la crisis, pues, simplemente, la respuesta esperada será: ¡no hay recursos! La insuficiencia de asignación de recursos a las bibliotecas nacionales no es nada nuevo, ni mucho menos reflejo de la crisis financiera mundial, la cual lo que ha hecho es contribuir a agravarla. En todo caso, cabe preguntarse Que tienen que ver estas crisis con la existencia o no de leyes de bibliotecas nacionales; acaso, el estar protegidas por leyes, ¿les asegurará los recursos necesarios para su buen funcionamiento y desarrollo? Nuestra respuesta es: no necesariamente. Sin embargo, en un sistema democrático, en el que funcione realmente el Estado de Derecho, las leyes vigentes son aprobadas, bajo la premisa de garantizar el cumplimiento de las mismas en el tiempo y, a tal fin, se les asegurarán los, recursos suficientes y recurrentes, que les garanticen dicho cumplimiento. De no ser así, en la práctica, estaríamos frente a la evidencia de la inutilidad de las leyes. En tal sentido, aunque no sea una solución inmediata al problema de la falta de recursos, creemos que mientras más rápido contemos con leyes en las que se les reconozca a las bibliotecas nacionales su importancia y se les aseguren recursos presupuestarios suficientes para el normal cumplimiento de sus funciones, modernización y desarrollo futuro , mejores serán nuestras posibilidades de asegurar la disponibilidad de recursos, abogando por el debido cumplimiento de las leyes. Finalmente, conviene que, en cualquier proyecto de ley que se formule, se incluya una disposición en la cual se le asigne a la biblioteca nacional la función de atender prioritariamente las necesidades de conocimiento de nuestros congresistas. Si somos cuidadosos en prestarles un buen servicio, podríamos contar con aliados estratégicos, a la hora de defender la asignación de justos presupuestos.

Secretario Ejecutivo, noviembre 2009.

 
 
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